Decir que la Odontología es una profesión sanitaria es, sin duda, una perogrullada. Pero a veces, inmersos en la burbuja de la nanotecnología y el marketing, algunos corren el riesgo de olvidarlo, de olvidar eso que la R.A.E. define como "una verdad o certeza que, por notoriamente sabida es necedad o simpleza el decirla".
Hay, por lo menos, tres características que definen una profesión sanitaria: el conocimiento, la autonomía y la voluntad de servicio. Esta última –la voluntad de servicio a la sociedad– legitima el contrato social que nos otorga, entre otros, el privilegio del monopolio en el cuidado de la salud oral de la población.
El nivel de conocimiento de la Odontología clínica española, ofrece un grado de excelencia homologable a la de los países de nuestro entorno. La autonomía organizativa y de gestión de nuestra organización colegial es razonablemente correcta. Sin embargo, la capacidad de servicio a la sociedad, entendida como el conjunto de acciones organizadas por y para la comunidad, está muy lejos de la del resto de la sanidad española.
En toda la historia de la Odontología española en democracia, solo hay un estudio sobre la salud oral de nuestra población a nivel nacional, promovido, realizado y financiado por la Administración del Estado. Esto ocurrió en 1983, bajo la tutela de la OMS y su publicación por cierto, podría decirse que fue semi-clandestina. Los numerosos estudios posteriores –algunos de ellos, patrocinados y financiados por el Consejo, con la colaboración científica de sociedades como la SESPO–, son todos ellos fruto de la sociedad civil. Una forma de actuacion vicariante, ante la ausencia de políticas sanitarias en salud bucodental, de los poderes públicos. Lean el trabajo de Cortés y col. y podrán apreciar la prolija cantidad de legislación que sobre el tema han evacuado las sucesivas administraciones y que nunca han pasado del papel. Y es que como todos sabemos, el papel lo aguanta todo.